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Puerto Rico busca protección por bancarrota

Después de una década de declive económico, Puerto Rico está está al borde del incumplimiento de sus compromisos económicos. El gobierno cuenta con más de US$ 70 millones en deudas que dice que no puede pagar.

La capital de Puerto Rico, San Juan, durante un día lluvioso. Cortesía de Jacques Lebleu.

Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos, quiere que el Congreso le conceda la misma autoridad que los estados de EE.UU. tienen para permitir que sus municipios pidan protección bajo el Capítulo 9 de bancarrota.

Un destacado experto sobre el tema es John A.E. Pottow, profesor de derecho en la Universidad de Michigan. A principios de este año, Pottow testificó ante el Comité Judicial de la Cámara en relación con el Proyecto de Ley 870, que busca cambios legales al respecto.

Michigan News discutió con Pottow discutió sobre el tema.

Q: En el marco del Código de Bancarrota federal, los estados de Estados Unidos tienen la capacidad de decidir si sus municipios pueden declararse en quiebra. ¿Por qué no se puede Puerto Rico hacer esto?

Pottow: Como un territorio, no puede. En 1978, Puerto Rico podría haber autorizado a sus municipios para buscar alivio bajo el Capítulo 9. Cuando el Código de Bancarrota se modificó en 1984, Puerto Rico se quedó fuera. La palabra ‘estados’ se introdujo en la redacción del Capítulo 9 con una formulación que excluye a Puerto Rico.

Q: Puerto Rico todavía puede negociar su deuda con los acreedores. ¿No sería eso más preferible que la quiebra de sus municipalidades?

Pottow: Si se pudiera llevar a todos los acreedores a una habitación y que estuvieran de acuerdo con la misma cosa, claro, pero es por eso que necesitamos la ley de bancarrota. Si negocio con nueve de mis 10 acreedores, pero el décimo se niega, él se llama una “retención”. Dice que no quiere hacer ninguna concesión. Pero entonces No. 9 se entera de esto y dice: “Bueno, diablos, ¿por qué debería hacer una concesión y el No. 10, no?” Y entonces todo se deshace. Para resolver este problema, la ley de bancarrota permite incluir a minorías disidentes – con algunas protecciones de procedimiento – si una mayoría de los acreedores votan que el plan es justo y lógico.

Q: ¿Por qué es esto importante para Puerto Rico?

Pottow: Puerto Rico en sí no puede declararse en quiebra, e incluso la propuesta de ley no permitiría que lo haga. Sólo permitiría a Puerto Rico decidir si sus entidades públicas – como la ciudad de San Juan o la utilidad eléctrica Perpa – podrían hacerlo. De hecho, Michigan no puede declararse en quiebra, pero Detroit puede (y lo hizo). La bancarrota para una ciudad permite la oportunidad de renegociar con sus acreedores un plan de pagos viable, pero también implica el perdón de la deuda cuando la deuda es impagable. Todos los acreedores son golpeados. Ellos lo odian. Muchas entidades públicas en Puerto Rico están en este estado de angustia financiera.

Q: ¿Está el Congreso dispuesto a cambiar el código para que los municipios puedan ir a la quiebra en Puerto Rico?

Pottow: Hay un proyecto de ley propuesto en la cámara de diputados, pero no se ha votado todavía. Un proyecto de ley acompañante está a punto de ser introducido en el Senado.

Q: Ha habido una gran cantidad de comparaciones entre la crisis financiera de Puerto Rico y la de Detroit. ¿Podría explicar cómo las leyes relativas a la quiebra afectan a ambas entidades?

Pottow: Capítulo 9 funcionó bien para Detroit. A pesar del dolor que los trabajadores y los titulares de pensiones sintieron (a raíz de la bancarrota), luces de la calle están siendo encendidas, literalmente, en la ciudad, y los servicios públicos como el transporte público están siendo restaurados. Pero lo más importante, es que los funcionarios electos en Michigan tenían la opción de permitir esto. El gobernador de Puerto Rico ha dicho que no puede pagar sus deudas, y no tiene acceso a un proceso que le permitiría renegociar eficientemente.

Q: ¿Hay quienes se oponen a permitir que Puerto Rico sea tratado como un Estado en este sentido?

Pottow:  Sí, los inversores con bonos actuales en la autoridad eléctrica están luchando con uñas y dientes.