ANN ARBOR– Los defensores de los inmigrantes deberían temer la orden ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama que proporcionaría protección inmigratoria a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados, advirtió una experta de Universidad de Michigan.

Hoy, el Tribunal Supremo de los EE.UU escuchó los argumentos para determinar si la medida es legal después de que 26 estados, liderados por Texas, recurrieran al tribunal para determinar la legalidad de la medida.

Ann Lin, profesora asociada en la Escuela Ford de Política Pública, ha estudiado los esfuerzos federales para reformar las políticas de inmigración.

“La acción diferida para los padres de los estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA) es mucho más importante que la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA). Permitiría hasta un tercio de la población indocumentada trabajar legalmente, lo que haría mucho más factible para los empleadores detener la contratación de personas que no tienen permiso de trabajo,” afirmó.

“DAPA, sin embargo, tiene consecuencias de largo alcance que los defensores de inmigración deberían temer. Una vez que los EE.UU. cree una población de trabajadores inmigrantes que está “legalmente presente” pero no tiene acceso a la residencia permanente y la ciudadanía, se hace fácil argumentar que los trabajadores extranjeros de bajos salarios no necesitan ni merecen nada más.

“Eso pondría a los EE.UU. en camino de convertirse en Europa occidental, donde un historial de tratamiento de inmigrantes musulmanes como trabajadores huéspedes sin derechos ha conducido a una subclase pobre, excluida de forma permanente. Incluso la ciudadanía para los hijos de trabajadores huéspedes no es suficiente para revertir las tendencias que vemos en París y Bruselas”.

Margo Schlanger es una autoridad en cuestiones de derechos civiles y sirvió como el oficial designado, por el presidente, para los derechos civiles y las libertades civiles en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y dijo que ella cree que Obama está en su derecho al tomar medidas a través de acción ejecutiva.

“La discreción fiscal es una parte inevitable de nuestro sistema de inmigración actual. Si el presidente Obama y el Departamento de Seguridad Nacional no dieran instrucciones a los funcionarios de inmigración respecto al uso de dicha facultad, el resultado no sería una mayor aplicación de ésta – sería una aplicación más variable, menos racional. No hay nada en la Constitución que exija que las decisiones de aplicación de sean hechas por los funcionarios de inmigración individuales en lugar de por su jefe. A la espera de una reforma migratoria integral – que se espera que llegue pronto – DACA y DAPA son a la vez una buena política y están dentro de la autoridad legal del presidente.”

De acuerdo estuvo Silvia Pedraza, profesora de sociología y cultura americana, quién está interesada en sociología de la inmigración, raza y etnicidad en América. Su investigación busca entender las causas y consecuencias de la inmigración como un proceso histórico que forma y transforma a las naciones.

“Obama siempre le ha dicho al Congreso que si no querían sus órdenes ejecutivas, deben ‘aprobar una ley.’ No hay duda de que el Congreso no aprobó una reforma integral de inmigración – dos veces! – Esto llevó a Obama a emitir sus órdenes ejecutivas.”