Juan Cole, es un profesor de historia que estudia el cambio político con un enfoque en el Oriente Medio. Recientemente escribió en su blog Informed Comment que si los residentes indocumentados que no han cometido ningún otro delito temen ser detenidos a plena vista, este miedo pone en peligro a todos.
Esta semana, John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de los EE.UU, dio a conocer dos memorandos que guiarán la implementación de la política inmigratoria delineada por el presidente Donald Trump en enero. Por ahora, los memos mantienen la protección de deportación para aquellos que estén protegidos por el programa de los soñadores, DACA.
Conversamos con varios profesores acerca de las nuevas guías.
“Los memorandos recién promulgados harán que nuestro sistema de adjudicación de inmigración sea menos preciso, nuestro sistema de detención de inmigrantes más peligroso, y todo nuestro sistema de inmigración arbitrario e inhumano”, dijo Margo Schlanger, profesora de derecho, es una autoridad en cuestiones de derechos civiles y sirvió como el oficial de los derechos civiles y las libertades civiles en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Los detalles son chocantes: deportar a las personas en medio de los procedimientos, pedirles que participen por teléfono desde México. Acusar a los padres de un crimen sólo porque utilizan a traficantes para reunir a sus familias.”
Juan Cole, es un profesor de historia que estudia el cambio político con un enfoque en el Oriente Medio. Recientemente escribió en su blog Informed Comment que si los residentes indocumentados que no han cometido ningún otro delito temen ser detenidos a plena vista, este miedo pone en peligro a todos. “No es deseable que este gran segmento de la población evite obtener vacunas o que las mujeres maltratadas teman ir a las autoridades”, dijo. “Hacer que la gente sin papeles que cumplen la ley pasen a la clandestinidad plantea riesgos importantes para la salud para todos nosotros.” Cole agregó que la convicción de Trump que hay una crisis de inmigración ilegal en los Estados Unidos en en 2017 es completamente infundada. “Hubo una crisis en los 80 y 90, que resultó en unos 12,2 millones de residentes indocumentados en los EE.UU. para el año 2007. En la última década, el número se ha reducido en casi un millón y medio, a 10,9 millones. Esto es cierto a pesar de que el número de deportaciones cayó en el 2013 y 2014. “Trump dice que hay 30 millones de residentes indocumentados de los EE.UU. y alega que 3 millones de ellos votaron en la elección presidencial. Estos son números imaginarios,” añadió. William López, un estudiante postdoctoral en la Escuela de Trabajo Social de la U-M es el co-autor de un estudio de salud de la comunidad de los latinos en el condado de Washtenaw, Michigan, que mostró el impacto de una redada de inmigración en la comunidad. “Deportar a los inmigrantes indocumentados a la escala alentada por el presidente Trump será devastador para las comunidades”, dijo López. “Todos los inmigrantes indocumentados están conectados a familias, comunidades y economías, y su eliminación por la fuerza es perjudicial para cada una de estas redes. “Las investigaciones han demostrado que más agentes y una mayor colaboración entre las organizaciones gubernamentales federales y locales impulsarán a comunidades enteras a evitar cualquier interacción con las autoridades gubernamentales de todo tipo. Esto significa que muchos evitarán los hospitales, llamar a la policía, incluso la circulación por las vías públicas o buscar asistencia alimentaria. No hay manera de que las comunidades puedan prosperar en medio de este nivel de vigilancia. Ann Lin, profesora asociada en la Escuela Ford de Política Pública, dijo que el tema es preocupante desde un punto de vista económico. Aunque es cierto que la gente no tiene derecho a vivir en cualquier país, y que son los países los que tienen derecho a seleccionar a las personas que desean emigrar, también hay que considerar los hechos, añadió. “Los EE.UU. han seleccionado a las personas que están aquí ilegalmente al darles empleo. Las empresas estadounidenses están diciendo que necesitamos estos inmigrantes, ya sea si el gobierno federal está de acuerdo o no. La deportación de su fuerza laboral amenaza con enviar a estas empresas a la quiebra. La forma correcta de poner fin a la inmigración ilegal es encontrar formas legales para que las empresas contraten a las personas que necesitan para proporcionar bienes y servicios que permiten a los estadounidenses tener el alto nivel de vida que tienen”. “El Instituto de Políticas de Migración calcula que para el segundo mandato del presidente Barack Obama, los EE.UU. ya estaba gastando más en inmigración -principalmente en la Patrulla Fronteriza y el ICE- que todas las demás formas de aplicación de la ley federal combinada”, añadió. “Es ampliando el alcance de las leyes de inmigración a las personas que se quedan en este país ilegalmente, pero están trabajando, pagando impuestos y criando a sus familias realmente el mejor uso del dinero de los contribuyentes?”. Sherrie Kossoudji es profesora asociada de trabajo social y de economía. Ha escrito numerosos artículos sobre la situación jurídica de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos y los incentivos para cruzar ilegalmente la frontera. También ha escrito sobre las disparidades de riqueza de los inmigrantes y ha pasado muchos veranos con estudiantes en la frontera de Estados Unidos con México para estudiar el impacto de la política de inmigración sobre el terreno. Detalles de este trabajo se encuentra, en inglés, en su blog Contested Borders. “La política inmigratoria debe ser el resultado de un proceso cuidadoso y meditado. Por el contrario, los memorandum de Seguridad Nacional esbozan una apresura en los procesos de deportación más draconianos que llena de miedo a nuestros corazones. El miedo está siendo utilizado para destruir la confianza de grupo, para alentar a la gente a reportar a aquellos que son arrestados y a asustar a la gente para que se autodeporte. La eliminación de las prioridades de deportación hace que las madres trabajadoras sean criminales. No es ni cuidadoso ni bien pensado el separar a los niños de los padres sólo porque podemos. La delegación del personal de policía local (convirtiéndolos en agentes de inmigración) a través de 287 (g) y la expeditación de la remoción del país escala la militarización de nuestra sociedad y borra el debido proceso. La expansión de la definición de delincuentes a ser deportados nos recuerdan de abusos humanos del pasado y sus consecuencias. La administración sugiere que la gente no entre en pánico. Pero debemos tener miedo, mucho miedo.” En su estudio Kossoudji, “¿Cuáles son las consecuencias de regularizar a los inmigrantes indocumentados?” afirma que una política que no requiere contratos de trabajo con un empleador específico es más probable que aumente la movilidad laboral y ocupacional, lo que conduce a mayores salarios para los trabajadores regularizados. “Como tal, los formuladores de políticas deben considerar una opción de política con pocas restricciones de empleo”, dijo. “Cuando se requieren condiciones de empleo, es probable que los efectos positivos de la regularización sobre los salarios se atenúen, ya que se cierran algunos caminos a los beneficios”.
Juan Cole, es un profesor de historia que estudia el cambio político con un enfoque en el Oriente Medio. Recientemente escribió en su blog Informed Comment que si los residentes indocumentados que no han cometido ningún otro delito temen ser detenidos a plena vista, este miedo pone en peligro a todos. “No es deseable que este gran segmento de la población evite obtener vacunas o que las mujeres maltratadas teman ir a las autoridades”, dijo. “Hacer que la gente sin papeles que cumplen la ley pasen a la clandestinidad plantea riesgos importantes para la salud para todos nosotros.” Cole agregó que la convicción de Trump que hay una crisis de inmigración ilegal en los Estados Unidos en en 2017 es completamente infundada. “Hubo una crisis en los 80 y 90, que resultó en unos 12,2 millones de residentes indocumentados en los EE.UU. para el año 2007. En la última década, el número se ha reducido en casi un millón y medio, a 10,9 millones. Esto es cierto a pesar de que el número de deportaciones cayó en el 2013 y 2014. “Trump dice que hay 30 millones de residentes indocumentados de los EE.UU. y alega que 3 millones de ellos votaron en la elección presidencial. Estos son números imaginarios,” añadió. William López, un estudiante postdoctoral en la Escuela de Trabajo Social de la U-M es el co-autor de un estudio de salud de la comunidad de los latinos en el condado de Washtenaw, Michigan, que mostró el impacto de una redada de inmigración en la comunidad. “Deportar a los inmigrantes indocumentados a la escala alentada por el presidente Trump será devastador para las comunidades”, dijo López. “Todos los inmigrantes indocumentados están conectados a familias, comunidades y economías, y su eliminación por la fuerza es perjudicial para cada una de estas redes. “Las investigaciones han demostrado que más agentes y una mayor colaboración entre las organizaciones gubernamentales federales y locales impulsarán a comunidades enteras a evitar cualquier interacción con las autoridades gubernamentales de todo tipo. Esto significa que muchos evitarán los hospitales, llamar a la policía, incluso la circulación por las vías públicas o buscar asistencia alimentaria. No hay manera de que las comunidades puedan prosperar en medio de este nivel de vigilancia. Ann Lin, profesora asociada en la Escuela Ford de Política Pública, dijo que el tema es preocupante desde un punto de vista económico. Aunque es cierto que la gente no tiene derecho a vivir en cualquier país, y que son los países los que tienen derecho a seleccionar a las personas que desean emigrar, también hay que considerar los hechos, añadió. “Los EE.UU. han seleccionado a las personas que están aquí ilegalmente al darles empleo. Las empresas estadounidenses están diciendo que necesitamos estos inmigrantes, ya sea si el gobierno federal está de acuerdo o no. La deportación de su fuerza laboral amenaza con enviar a estas empresas a la quiebra. La forma correcta de poner fin a la inmigración ilegal es encontrar formas legales para que las empresas contraten a las personas que necesitan para proporcionar bienes y servicios que permiten a los estadounidenses tener el alto nivel de vida que tienen”. “El Instituto de Políticas de Migración calcula que para el segundo mandato del presidente Barack Obama, los EE.UU. ya estaba gastando más en inmigración -principalmente en la Patrulla Fronteriza y el ICE- que todas las demás formas de aplicación de la ley federal combinada”, añadió. “Es ampliando el alcance de las leyes de inmigración a las personas que se quedan en este país ilegalmente, pero están trabajando, pagando impuestos y criando a sus familias realmente el mejor uso del dinero de los contribuyentes?”. Sherrie Kossoudji es profesora asociada de trabajo social y de economía. Ha escrito numerosos artículos sobre la situación jurídica de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos y los incentivos para cruzar ilegalmente la frontera. También ha escrito sobre las disparidades de riqueza de los inmigrantes y ha pasado muchos veranos con estudiantes en la frontera de Estados Unidos con México para estudiar el impacto de la política de inmigración sobre el terreno. Detalles de este trabajo se encuentra, en inglés, en su blog Contested Borders. “La política inmigratoria debe ser el resultado de un proceso cuidadoso y meditado. Por el contrario, los memorandum de Seguridad Nacional esbozan una apresura en los procesos de deportación más draconianos que llena de miedo a nuestros corazones. El miedo está siendo utilizado para destruir la confianza de grupo, para alentar a la gente a reportar a aquellos que son arrestados y a asustar a la gente para que se autodeporte. La eliminación de las prioridades de deportación hace que las madres trabajadoras sean criminales. No es ni cuidadoso ni bien pensado el separar a los niños de los padres sólo porque podemos. La delegación del personal de policía local (convirtiéndolos en agentes de inmigración) a través de 287 (g) y la expeditación de la remoción del país escala la militarización de nuestra sociedad y borra el debido proceso. La expansión de la definición de delincuentes a ser deportados nos recuerdan de abusos humanos del pasado y sus consecuencias. La administración sugiere que la gente no entre en pánico. Pero debemos tener miedo, mucho miedo.” En su estudio Kossoudji, “¿Cuáles son las consecuencias de regularizar a los inmigrantes indocumentados?” afirma que una política que no requiere contratos de trabajo con un empleador específico es más probable que aumente la movilidad laboral y ocupacional, lo que conduce a mayores salarios para los trabajadores regularizados. “Como tal, los formuladores de políticas deben considerar una opción de política con pocas restricciones de empleo”, dijo. “Cuando se requieren condiciones de empleo, es probable que los efectos positivos de la regularización sobre los salarios se atenúen, ya que se cierran algunos caminos a los beneficios”.
