P&R DE EXPERTO

El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, emitió una advertencia al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmando que la democracia mexicana enfrenta un “gran riesgo” debido al plan del presidente de reformar el sistema judicial federal y permitir que los votantes elijan a los jueces.

Durante una conferencia de prensa, Salazar expresó que el cambio propuesto dañaría la democracia en México y amenazaría la relación entre ambos países.

En respuesta, el próximo ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, argumentó que la reforma no pone en peligro la democracia, señalando que es una tradición en Estados Unidos — en 42 estados — que ha servido para fortalecer su sistema democrático.

La votación en el congreso sobre la reforma judicial está programada para septiembre y tiene como objetivo que los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por votación popular. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asume el cargo en octubre, defendió la propuesta judicial de López Obrador, manifestando su acuerdo en que los jueces deben ser electos.

AMLO insiste en que la reforma, que apunta a elecciones de jueces en 2025 y 2027, ayudará a reducir la impunidad y la corrupción.

Edgar Franco-Vivanco, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Michigan, comparte sus ideas sobre la propuesta de reforma judicial en México y sus posibles implicaciones.

¿Por qué el presidente de México recientemente pausó las relaciones con Estados Unidos y Canadá?

AMLO argumenta que Estados Unidos y Canadá están tratando de influir en la política mexicana, lo cual considera una práctica intervencionista. Ha habido tensión constante entre el gobierno de AMLO y Estados Unidos desde el inicio de su administración.

Un ejemplo destacado es la captura del general retirado Cienfuegos en Estados Unidos en 2020, lo que provocó una crisis diplomática entre los dos países. Estados Unidos argumentó que el general tenía conexiones con organizaciones de narcotráfico y facilitaba sus operaciones mediante la corrupción. AMLO se mostró indignado por el hecho de que las autoridades mexicanas no estaban informadas. En esa ocasión, AMLO consiguió la liberación de Cienfuegos amenazando con detener la cooperación con la DEA. Eventualmente, Cienfuegos no enfrentó cargos en México.

Este caso ejemplifica la dinámica general de desconfianza entre los dos gobiernos. Por un lado, Estados Unidos teme que la corrupción de los funcionarios mexicanos descarrile cualquier intento de lograr resultados. Por otro lado, el gobierno de México siente que Estados Unidos quiere tener demasiada influencia en el país.

El caso de la reforma judicial es solo otro capítulo en esta saga. Una vez más, Estados Unidos teme que elegir jueces en lugar de nombrarlos debilitaría el sistema judicial mexicano, con consecuencias no solo para la democracia mexicana, sino también para los intereses de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno mexicano siente que Estados Unidos está yendo demasiado lejos y persiguiendo una agenda intervencionista.

¿Cómo pueden las reformas propuestas afectar negativamente a México cuando Estados Unidos elige jueces por votación popular?

Aunque es cierto que el sistema judicial mexicano tiene muchos problemas, la reforma propuesta para permitir que los jueces sean seleccionados por voto popular probablemente los exacerbaría en lugar de solucionarlos. El argumento de AMLO para promover esta reforma es que la corrupción es rampante en el sistema judicial y que principalmente sirve a los intereses de los ricos. Aunque hay algo de verdad en estas declaraciones, también es cierto que el poder judicial ha servido como un contrapeso a su administración.

Actualmente, miles de jueces y trabajadores judiciales en todo el país son nombrados a través de un sistema basado en formación especializada. La reforma implica que cualquier persona con un título en derecho podría ser elegida si gana la votación popular, incluidos los jueces de la Suprema Corte. Este sistema puede diluir las líneas entre el poder judicial y las otras ramas, politizar el sistema y probablemente bajar la calidad de los nombramientos.

En un sentido, Ebrard tiene razón al señalar la hipocresía del embajador dado que Estados Unidos selecciona a algunos jueces por voto popular. De hecho, en todo el mundo, solo Estados Unidos y Bolivia utilizan elecciones para seleccionar jueces para tribunales con jurisdicción constitucional.

Sin embargo, una diferencia importante es que esto no es cierto para los jueces federales en Estados Unidos, como propone la reforma mexicana. Además, el sistema de justicia penal en Estados Unidos está lejos de ser justo e imparcial, y la selección de jueces por voto popular es un tema de debate. Hay preocupaciones sobre la influencia de donantes y dinero en las decisiones judiciales. Los jueces tienden a tomar decisiones diferentes cuando se acercan las elecciones, y las penas también son más severas durante los tiempos de elección, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones minoritarias.

En resumen, ambos sistemas tienen fallas profundas. Sin embargo, es más probable que al mantener el poder judicial aislado de la política, pueda funcionar como un control y balance para las otras ramas. Si el objetivo es mejorar la calidad de los juicios y eliminar la corrupción, se pueden implementar otras políticas, como fortalecer el proceso de selección por méritos.

¿Cómo impactarían estas reformas judiciales en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México?

No está claro si los jueces elegidos por voto popular tendrán la experiencia y formación requeridas. La selección popular también puede comprometer su proceso de toma de decisiones al crear conflictos de interés y vincularlos a un partido en particular. Otros elementos de la reforma también parecen problemáticos. Por ejemplo, al reducir la duración del mandato judicial y sincronizarlo con el ciclo electoral, la selección de jueces podría no basarse en sus méritos sino en la retórica electoral.

En resumen, aunque el sistema judicial en México enfrenta muchos desafíos, la elección de jueces podría crear aún más problemas y poner en peligro la independencia del poder judicial.

¿México tiene el derecho de reformar sus leyes?

¡Por supuesto! México es un país soberano y, la última vez que verifiqué, una democracia, aunque imperfecta. El problema central aquí es que la administración de AMLO ha socavado el sistema de peso y contrapeso. Sus intentos de centralizar el poder dentro del poder ejecutivo han sido exitosos. Además, después de las elecciones de junio, su partido disfrutará de una súper mayoría en la cámara baja (y está cerca en el Senado), lo que dará a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, una considerable libertad para implementar reformas constitucionales.

Existe una sensación general de que en este escenario, los actores internacionales, en particular Estados Unidos, podrían ser uno de los últimos controles y balances que pueden moderar el debilitamiento de las instituciones mexicanas. Sin embargo, no hay mucho que Estados Unidos pueda hacer para influir en la votación en el Congreso.

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