Existen disparidades significativas raciales y de género en los programas de compensación para víctimas de delitos en Estados Unidos, revelando que las personas afrodescendientes e indígenas, así como los sobrevivientes de violencia de género, enfrentan desafíos únicos para obtener apoyo financiero, según un nuevo informe de la Universidad de Michigan.
A pesar de las intenciones de aliviar la carga financiera para las víctimas de delitos, las restricciones de elegibilidad basadas en percepciones de inocencia y cooperación con las fuerzas policiales excluyen desproporcionadamente a estos grupos.
Jeremy Levine
“En los últimos años, hemos aprendido más y más sobre los sesgos implícitos y explícitos en la vigilancia policial”, dijo
Jeremy Levine, profesor asociado de estudios organizacionales en la U-M. “Confiar en la policía para determinar la elegibilidad de las víctimas introduce todos esos sesgos en la provisión de beneficios públicos, lo que perjudica a las víctimas minorías de maneras comparables a otras desigualdades en el sistema de justicia penal”.
Levine es el autor del
informe del
Centro para la Justicia Racial y
Soluciones a la Pobreza de la U-M.
La compensación para víctimas de delitos es un beneficio público destinado a cubrir los costos financieros asociados con el delito. Los beneficios de compensación para víctimas pueden usarse para cubrir facturas médicas, asesoramiento, reubicación, funerales, limpieza de la escena del crimen y otros gastos relacionados después de que se hayan considerado los beneficios del seguro y prestaciones sociales. Estos programas son administrados por los estados, y hasta el 75% de los costos del programa son financiados por un subsidio federal.
Los hallazgos clave muestran que la discreción policial juega un papel fundamental en la determinación de la elegibilidad de las víctimas, con criterios subjetivos, como la mala conducta percibida o la falta de cooperación, que conducen a resultados sesgados.
Las víctimas afrodescendientes e indígenas, especialmente los hombres negros, tienen una probabilidad significativamente menor de recibir compensación en comparación con las víctimas de otros grupos sociales. Además, las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, acoso y trata de personas tienen menos probabilidades que las víctimas de otros delitos de ser compensadas.
“Estos requisitos de elegibilidad fueron creados para incentivar la cooperación de las víctimas con las fuerzas policiales”, dijo Levine. “Pero al final, lo único que logran es castigar a las víctimas después de su victimización mientras también fallan como incentivo para cooperar”.
El informe pide reformas urgentes, incluyendo:
Eliminar las barreras raciales y de género para la compensación, como la cooperación con las fuerzas policiales y los criterios de mala conducta.
Ampliar los procedimientos alternativos para demostrar el estatus de víctima y utilizar documentación médica o de servicios sociales en lugar de depender de las evaluaciones policiales.
El análisis, basado en datos de 18 estados, señala esfuerzos legislativos continuos en estados como Illinois y Nueva York que han reformado con éxito sus criterios de compensación para víctimas, reduciendo significativamente las denegaciones y promoviendo una mayor equidad.
Escrito por Katrina Hamann del Centro para la Justicia Racial, adaptado al español por Juan Ochoa de Michigan News de la U-M.
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