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Negar acceso para beber agua. Minutos contados cuando usan el baño. Amenazas o despidos si el trabajador no pizca la manzana de forma correcta. Exposiciones peligrosas a químicos y pesticidas. Trabajar hasta altas horas de la noche o en condiciones de calor extremo o lluvia. Falta de pagos al trabajador o salarios injustos sin posibilidad de hacer reclamos al empleador.
Estas son algunas de las experiencias que fueron compartidas por trabajadores agrícolas que laboran en campos de cultivo, invernaderos y empacadoras en Michigan, entrevistados en el Proyecto de Trabajadores Agrícolas de Michigan. Un proyecto de investigación participativo y comunitario dirigido por las epidemiólogas sociales de la Universidad de Michigan, Lisbeth Iglesias-Rios y Alexis Handal.
El estudio reciente publicado en el Labor Studies Journal, documenta una gama de condiciones laborales y de vida deshumanizante, estresante, insegura y poco saludable. La investigación cualitativa de las investigadoras explora específicamente los efectos del empleo precario y la explotación laboral en la salud de los trabajadores agrícolas.
“Hay múltiples fallas sistémicas en la protección de los trabajadores agrícolas en Michigan”, dijo Iglesias-Rios, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la U-M. “Identificamos distintas dimensiones de empleo precario y explotación laboral caracterizados por la falta de acceso a derechos laborales y sociales fundamentales, incluyendo la deshumanización, prácticas ocupacionales discriminatorias y un acceso insuficiente a la atención médica y a los beneficios sociales.”
El estudio se realizó mientras habitantes de Michigan disfrutan de los beneficios de las cosechas del otoño que son posibles gracias a miles de trabajadores agrícolas cuyo trabajo es fundamental para la industria agrícola del estado, que contribuye casi 105 mil millones de dólares anualmente a la economía, según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan.
El objetivo de las investigadoras es dar luz a los cambios que podrían mejorar los abusos comunes contra un grupo de trabajadores a quienes se les niegan las protecciones laborales otorgadas a la mayoría de los trabajadores en los Estados Unidos.
Otras condiciones y situaciones reportadas por los trabajadores agrícolas en la investigación incluyen un ambiente laboral hostil y abusivo incluyendo la negación de derechos laborales básicos, como acceso a agua para beber o usar el baño, amenazas de ser reportados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la falta de atención en general a la salud y la seguridad de los trabajadores.
La investigación entrevistó a 35 trabajadores agrícolas en cuatro condados de Michigan que laboraban en una variedad de cultivos y producción de alimentos: fresas, arándanos, manzanas y espárragos, entre otras frutas y verduras. Las investigadoras colaboraron con la Oficina de Asuntos de Migrantes que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan y Servicios Legales para Trabajadores Agrícolas, organizaciones con una larga historia de trabajo con la comunidad agrícola en Michigan.
Michigan es el segundo estado en diversidad de productos cultivados y producidos, después de California.
“Creo que cuando las personas piensan en los trabajadores agrícolas siendo tratados de esta manera, piensan que es un problema de California o Florida, pero esto es también un problema de Michigan”, dijo Iglesias-Rios. “Creo que la gente no establece la conexión entre la cantidad de productos producidos en Michigan, las personas que realizan el trabajo, las condiciones laborales y las condiciones de vida de estos trabajadores”.
Es importante, dice ella, que los consumidores sepan de dónde y cómo se producen los alimentos.
“Un sistema donde los consumidores puedan informarse acerca de las granjas con violaciones laborales o de las quejas de los trabajadores, puede convencer a más empleadores a cambiar sus prácticas laborales y permitir a los consumidores tomar decisiones informadas al comprar productos”, dijo Iglesias-Rios.
Actualmente, se requiere una legislación más sólida y una mejor aplicación de las leyes existentes, según las investigadoras. Por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en inglés), una de las dos agencias federales encargadas del cumplimiento, cuenta actualmente con 850 inspectores responsables de la salud y seguridad de 130 millones de trabajadores en más de 8 millones de lugares de trabajo en todo el país. Esto significa que hay aproximadamente un inspector de cumplimiento por cada 70,000 trabajadores.
Iglesias-Rios y Handal recomiendan transparencia, responsabilidad y multas más altas para la industria y las granjas con violaciones laborales, así como información accesible para los consumidores. Aseguran que las definiciones legales y regulatorias son limitadas y a menudo no se aplican a condiciones que deberían considerarse violaciones laborales o prácticas laborales explotadoras, incluyendo deportar a los trabajadores u otras amenazas para controlar a los trabajadores.
“Este enfoque es aún más crítico en los procesos legales en casos de violaciones o prácticas laborales explotadoras, incluyendo la trata de trabajadores agrícolas. En estas instancias de trata laboral los procesos legales son largos, complejos, agotadores emocionalmente para el trabajador y pueden incluso poner en peligro otras oportunidades de empleo para el trabajador”, dijo Iglesias-Rios.
También es importante mantener el apoyo institucional y la financiación para la investigación académica-comunitaria, ya que es “clave para identificar condiciones como el empleo precario y la explotación laboral, ambos problemas de salud pública que contribuyen a causas injustas y evitables de enfermedades y condiciones inseguras para los trabajadores agrícolas”, dijo Handal, profesora asociada de epidemiología y salud pública global en la Escuela de Salud Pública de la U-M.
“La lucha de los trabajadores agrícolas no son nuevas, sino que son, de hecho, el legado de la esclavitud y el sistema de plantaciones en América que han creado sistemas sociales y económicos opresivos impulsados por el racismo, la discriminación, los intereses económicos y la política, generando oportunidades y beneficios desiguales para los trabajadores”, afirma Handal.
Handal dice que los informes de progreso de la Comisión de Derechos Civiles de Michigan muestran escasa mejoría en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas en el estado. Esta investigación corrobora esos informes, que documentan una serie de abusos, falta de aplicación de la ley y multas bajas, incluso en casos de graves daños o lesiones.
Iglesias-Rios y Handal también respaldan la formación de un modelo comunitario que apoye la organización sindical de los trabajadores agrícolas para abogar por los derechos de los trabajadores y el desarrollo de líderes entre los trabajadores agrícolas. Esto, junto con el apoyo de agencias estatales y comunitarias y otras organizaciones, podría ser un paso importante para mejorar los estándares de la industria y la protección de los trabajadores agrícolas, comentan las investigadoras.
“Nuestra metodología comunitaria-académica de investigación proporciona voz a una población de trabajadores que permanecen invisibles y son frecuentemente ignorados”, dijo Handal.
En última instancia, la precariedad y la explotación laborales se entrelazan con muchos otros determinantes sociales clave de la salud, incluido el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso a la atención médica y el racismo estructural, según las investigadoras.
“Se necesita una reforma de políticas de manera fundamental”, afirmó Iglesias-Rios. “Es necesario abordar las deficiencias en las normas actuales de salud y seguridad ocupacional para los trabajadores agrícolas y los efectos duraderos en la salud a lo largo de las generaciones”.
Escrito por Kim North Shine de Michigan News, adaptado al español por Juan Ochoa de Michigan News.
